miércoles, 23 de septiembre de 2009

Postura de Manuel Lozano - Ley de Medios.

POSICIÓN DEL DIPUTADO NACIONAL CLAUDIO LOZANO RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES




Algunos legisladores que se oponen a esta propuesta dicen que el hecho de que existan monopolios, que haya concentración, es el resultado de la omisión o del bajo control que han tenido los gobiernos.

Paradójicamente, eso lo dicen quienes han gobernado y lo argumentan para sostener que no hay que avanzar para modificar lo que ocurre. Frente a los actos de no control, omisión y, diría, permisividad y potenciación, lo inteligente para este Parlamento es legislar de la manera más adecuada para desbaratar esos monopolios.


Hoy tenemos una situación que tiene que ver con las industrias infocomunicacionales en la Argentina, donde cuatro operadores tienen el 84 por ciento de la facturación y el 83 por ciento del dominio del mercado. Sólo cuatro firmas tienen el control sobre las industrias culturales y de comunicación. Si en lugar de firmas consideramos grupos empresarios, vemos que están en todas las hileras del proceso de producción de la cadena de la comunicación. Hay dos grupos dominantes: uno es Clarín y el otro Telefónica; el primero con el 35 por ciento del mercado.

Dado este contexto, que fue posible por la ley vigente de la dictadura, con las modificaciones y las permisividades que se tuvieron, nosotros desde Proyecto Sur estamos absolutamente convencidos de que esta propuesta, siendo perfectible, es mejor que lo que está, y por lo tanto vale la pena acompañarla.

También tenemos una preocupación que tiene que ver con no empañar el avance significativo que implica la discusión de este proyecto. Cuando se discute una legislación que tiene que ver con regular y limitar posiciones dominantes, existentes y constituidas, es lógico que haya conflictos y que, quienes se ven afectados, pretendan embarrar la cancha.

Ahora bien, lo que no es lógico es que a los problemas que podemos tener con aquellos que han acumulado licencias y tienen posiciones dominantes en el mercado, le adicionemos torpezas gubernamentales o errores innecesarios que terminan dando la excusa a pensamientos conservadores que no quieren modificar absolutamente nada.

Hubiera sido mejor terminar el debate como corresponde, a efectos de evitar escuchar en esta sesión, cuestiones de forma argumentadas por quienes no quieren debatir sobre el fondo de lo que pone en consideración el presente proyecto de ley. No obstante, es evidente que el manejo torpe, irresponsable y autoritario del oficialismo ha otorgado excusas a la oposición conservadora.

Nosotros creemos que esto merecía un debate más profundo y nos parece lamentable cargarle a esta legislación costos que no merece tener, porque de lo que se trata no es solamente de sacar la norma sino de que tenga la legitimidad suficiente como para poder sostenerse en el tiempo luego de ser sancionada.

Eso me lleva a decir que en esto que estamos discutiendo, hay dos historias. Una de ellas es la historia de un pueblo, que es el nuestro, que forjando organizaciones y construyendo acción colectiva fue capaz de recuperarse, desde lo más profundo, del horror de la dictadura. Es la historia de un pueblo que pagó con desapariciones, torturas, presos y despidos la batalla por la libertad de expresión y el derecho a la información. Esa batalla fue muy dura y lleva mucho tiempo.

Realmente es inaceptable que aquí haya legisladores que, frente a esto, manifiesten una situación de casi ignorancia, o que tengan el tupé de subestimar ese proceso de construcción política, de signo popular, del que participó un amplísimo conjunto de organizaciones de nuestro país.

No hay derecho a que se diga con liviandad que porque va a haber organizaciones de la comunidad en el ámbito de la Autoridad de Aplicación necesariamente esas organizaciones son oficialistas. Decir eso es despectivo; es no entender que nacieron antes que este gobierno y van a seguir después, y que están comprometidas con la problemática de la comunicación y con la defensa de la libertad de expresión desde hace muchísimo tiempo.

Me parece que es responsabilidad nuestra entender que puede haber urgencia, después de tanto tiempo, para concretar institucionalmente un avance significativo. Esta tarea se materializó en la Iniciativa Ciudadana denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática. Efectivamente, elaboraron 21 puntos que sirvieron como marco de referencia para la construcción de una política en materia de medios de comunicación. Esta es la historia en la que nosotros nos asentamos para acompañar esta propuesta.

Pero hay otra historia que también aparece aquí y que no nos permite despejar bien el tema: la historia del gobierno. Este gobierno tiene un mérito, que es que el proyecto se esté discutiendo en el Parlamento. Ese mérito hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo, este gobierno ha coqueteado con los 21 puntos, ha coqueteado con este proyecto de ley y ha terminado subordinándolo a los dimes y diretes, idas y venidas, de su relación con los medios de comunicación; en realidad, lo ha inscripto en una lógica donde hay limitaciones evidentes en su política sobre los medios públicos y en donde, además, hay sospechas fundadas sobre su estrategia oscura en materia de negocios.

Por ello, es bueno tener en claro que esta nueva ley viene a borrar el espíritu del decreto 527, en el que el Gobierno planteó la prórroga hasta el 2017 de las licencias a los multimedios. Esto viene a borrar, también, lo que fue la autorización para la fusión entre Multicanal y Cablevisión.

En realidad me parece que es esta historia, que tiene que ver con el gobierno, la que muchas veces abre flancos de discusión que nos hacen apartar de lo que debiéramos tener como eje central, que es la discusión de la norma y de una legislación que trasciende la gestión actual.

Ahora bien, si tenemos estas dos historias, la del pueblo, sus organizaciones y su trabajo, concretada en los veintiún puntos, y la del gobierno con estas contradicciones, ¿qué derecho tenemos nosotros, como legisladores, para tirar por la borda todo el trabajo realizado, por las contradicciones y debilidades del gobierno nacional?

Nosotros no creemos que cuando dice “Poder Ejecutivo” en la ley siempre haya que interpretar que se trata solamente del actual. La verdad es que este tipo de discusiones revelan una suerte de combinación perversa entre la impotencia de la oposición para pensar que alguna vez puede triunfar, y los sueños de eternidad del oficialismo. El Poder Ejecutivo será el que podamos construir en términos políticos en la Argentina. Desde este lugar, desde el respeto a nuestra historia, a la del pueblo y sus organizaciones, nosotros acompañamos esta iniciativa.

Cuando apareció el proyecto original expresamos en este mismo lugar que no estábamos de acuerdo porque, desde nuestro punto de vista, no reflejaba adecuadamente los veintiún puntos de la Coalición. Dijimos que se estaban silenciando algunas cuestiones. Por ejemplo, no se establecía con claridad que el espacio radioeléctrico es un bien público administrado por el Estado, y nos parecía riesgoso -en el marco de una discusión sobre reasignación de licencias- dejar en el limbo jurídico esta definición.

Dijimos también que nos parecía que se estaba distorsionando la idea de la coalición de que la autoridad de aplicación debe ser pública y no gubernamental, porque terminaba siendo gubernamental, no sólo para este gobierno sino para cualquiera. Asimismo expresamos que esto se estaba desnaturalizando al abrir la puerta de manera irresponsable al ingreso de las telefónicas. Lo dijimos porque creemos que en tanto y en cuanto exista concentración en el mercado de la comunicación y acuerdos bilaterales de inversión que transformen en letra muerta las restricciones al capital extranjero, es irresponsable abrir la puerta a la participación en el negocio a las telefónicas.

Los datos son elocuentes, porque cuando uno mira el total de la facturación en las industrias infocomunicacionales, la comunicación representa el 62 por ciento, y el segundo negocio es el cable. Esto indicaba que la norma original que buscaba reorientar el mercado de medios a favor de un monopolio y en reemplazo de otro. No era esta la propuesta comunicacional que nosotros queríamos acompañar.

Por eso saludamos que se retirara esa definición y se tuvieran en cuenta las modificaciones. Es cierto que debió haber existido más debate, pero también lo es que el proyecto que tenemos hoy resulta sustancialmente distinto al que tuvimos originalmente. En este sentido, en el debate en particular insistiremos con algunos aportes que consideramos importantes, como que la Autoridad de Aplicación debe ser un ente autónomo, público, federal y con control parlamentario. Pero acompañamos la iniciativa del mismo modo en que lo hicimos en oportunidad de tratarse la estatización de las AFJP y de Aerolíneas, porque hay determinadas discusiones en las que creemos que lo que está en debate no es la gestión del gobierno sino la posibilidad de poner un mojón en el avance político de la experiencia popular en la Argentina.
Claudio Lozano

Diputado Nacional – Buenos Aires para todos en Proyecto Sur

Miembro de la Mesa Nacional de la CTA.



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